Odontólogos colombianos molestos por exigencias absurdas para trabajar

doctores tienen que Informar cambios de horarios y vacaciones, tener instalaciones para personas con discapacidad, cuartos de basura con la pintura impecable, son algunas de las exigencias que los gremios de odontólogos consideran su nueva pesadilla burocrática.

Las buenas intenciones no siempre terminan bien. El esfuerzo del Ministerio de Salud y Protección Social por garantizar la calidad en la prestación de servicios parece haberse convertido en una pesadilla burocrática para cientos de odontólogos en todo el país por culpa de una serie de requisitos que para ellos resultan absurdos.

Gloria Amparo Silva Ramírez, presidente de la Asociación de Odontólogos Javerianos, se cansó de recibir decenas de quejas de sus colegas y decidió reclamar en voz alta en nombre de todos y exigir una solución. Mientras avanzan las visitas de funcionarios de la Secretaría de Salud de Bogotá a distintas instituciones prestadoras de salud, Silva intenta que escuchen sus reclamos.

“Las excesivas exigencias están obstaculizando el ejercicio de nuestra profesión”, comenta Silva. Se refiere a las disposiciones dictadas por la resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y otra serie de normas que deben cumplir todos los que ofrezcan atención médica en Colombia, desde los grandes hospitales hasta los pequeños consultorios.

En una carta que remitió a las autoridades en salud intentó recopilar el listado de quejas que le llegan de sus colegas. Una de las principales se refiere a la infraestructura. “Este problema es crítico, por ejemplo, se exige que el consultorio esté en una edificación construida con uso de suelo para salud o mixto, desconociendo que durante años muchos han funcionado en edificios de oficinas, en casas adaptadas o en centros comerciales que no figuraban con uso de suelo para salud o mixto cuando se construyeron hace 20 o 30 o más años y que han sido habilitadas en visitas previas ya que no generan ningún riesgo para el paciente”.

Otro de los puntos polémicos se refiere a todas las adecuaciones que deben hacer para cumplir con las normas de acceso para personas con discapacidad. “Las IPS pequeñas, con tres o cuatro unidades de atención deberían tener la potestad de atender pacientes con discapacidad. Están cerrando si no tienen dos baños para ellos. Obviamente un hospital estatal no puede hacer discriminación, pero una entidad privada pequeña que no lo puede hacer debe tener la posibilidad de remitir esos pacientes a otro lugar”.

La lista de quejas es extensa e incluye utilizar costosas llaves de agua de manos libres, no permitir que dos profesionales atiendan a un paciente al mismo tiempo aún cuando en ocasiones eso es necesario, exigir que el cuarto de depósito de basuras reciclabes y ordinarias no tenga peladuras en la pintura, exigir una báscula para pesar basuras, tener que reportar horarios de atención constantemente e incluso cuando se van de vacaciones, entre otras.

“No solo la norma es exagerada, sino que además tiene muchos vacios que permiten la libre interpretación de las comisiones que visitan los consultorios, como por ejemplo pedir una hoja de vida, planilla, programación de pintura de paredes de un consultorio particular porque la norma dice que los pisos, paredes y techos de todos los servicios deben ser de fácil limpieza y estar en buenas condiciones de presentación y mantenimiento”, comenta Silva.

La serie de normas, acumuladas desde hace varias décadas, y que regulan el ejercicio de la profesión médica y odontológica, de acuerdo con Silva, roza lo absurdo cuando se exigue que un profesional independiente que decida jubilarse o dejar de trabajar, “no pueda hacerlo hasta no darlo a conocer con por lo menos 2 publicaciones, 2 meses antes del cierre en un diario de amplia circulación” y “entregar a los pacientes de los últimos 15 años, contados a partir de la última fecha de atención, sus historias clínicas”.

Fernando Arias Duarte,  director de Prestación de Servicios del Ministerio de Salud, defiende la resolución 2003 así como las normas complementarias, porque “en principio están creadas para que el que quiera entrar al mercado cumpla con las condiciones mínimas. Para garantizar que los servicios que preste sean seguros”.

Aunque aclara que muchos de los requisitos no corresponden necesariamente a los definidos desde el  Miniterio de Salud sino otras entidades del Estado.

En Colombia se calcula que existen alrededor de 47.000 prestadores de salud. El malestar por las exigencias exageradas se está presentando principalmente entre odontólogos en Bogotá. Al menos por ahora. Arias cree que el fenómeno podría estar ocurriendo “porque las personas que están efectuando las visitas estén más apegados a lo que dice la norma que en otros lugares”.

Arias dice que han escuchado a los representantes de los gremios médicos, les han aclarado la necesidad de muchas de estas normas y también dice que están dispuestos a realizar modificaciones en la actualización de la resolución y los decretos. Recordó que si algún profesional llega a experimentar algún tipo de abuso o error en la evaluación que hacen los funcionarios de las Secretarías de Salud “siempre tendrá derecho a la réplica”.

Para Silva Ramírez, de la Asociación de Odontólogos Javerianos, “el fondo de la problemática es que la resolución 2003 de 2014 no está pensada para los distintos tipos de prestador ni en la complejidad de cada uno. Califican por igual a un hospital de cuarto nivel y a un consultorio con unas pocas unidades de atención”.

Un odontólogo al frente de una IPS, que preferió no ser citado con nombre, cree que el exceso de exigencias desincentiva a los que trabajan legalmente mientras crece la informalidad. “Además el Estado pone normas que ni siquiera es capaz de cumplir en sus propios hospitales públicos”, señaló.